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En 1999, la Perspectiva de desarrollo social europeo (PDSE) dio lugar a diversas orientaciones políticas europeas para el equilibrio y la cohesión territoriales, la mejora de la competitividad, el acceso a los mercados y al conocimiento, así como para una gestión más acertada de los recursos naturales y culturales. El desarrollo territorial integrado se ha abordado más recientemente en laAgenda Territorial de la Unión Europea cuyo objetivo es movilizar el potencial de las regiones y ciudades de Europa para conseguir un crecimiento económico sostenible y más empleos.
Las decisiones en materia de planificación y gestión del uso del suelo suelen adoptarse a escala local o regional. Sin embargo, la Comisión Europea desempeña la función de garantizar que los Estados miembros tengan en cuenta los problemas medioambientales en sus planes de desarrollo del uso del suelo. Los objetivos son los siguientes:
Las economías europea dependen de los recursos naturales, incluidas las materias primas y el espacio (recursos del suelo). La estrategia temática de la UE para el uso sostenible de los recursos naturales considera el espacio como un recurso. La estrategia se aplica a las áreas de suelo y espacio marítimo necesarios para fines productivos (por ejemplo, minerales, madera, alimentos) y para diversas actividades socioeconómicas. Estos intereses compiten a menudo por el mismo interés territorial.
Entre los esfuerzos destinados a modificar las prácticas de uso del suelo para reducir la contaminación del aire y del agua procedente de fuentes difusas se incluye la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y, en particular, laDirectiva sobre los nitratos. Las inundaciones causadas por la construcción de superficies impermeables (p. ej., edificios y carreteras) y por fenómenos meteorológicos extremos se aborda en una nueva Directiva europea relativa a las inundaciones. El carácter transversal del uso del suelo queda subrayado también en el desarrollo rural y las políticas regionales de la UE.
El Protocolo de Kyoto de la CMNUCC promueve, entre otras, las prácticas que reducen las emisiones de metano y óxido nitroso derivadas de las tierras de cultivo. Las políticas de la UE sobre la adaptación al cambio climático atañen directamente a las prácticas de uso del suelo actuales y futuras, y a los sectores económicos que dependen de ellas.
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