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Entrevista - ¿Paga el que contamina?

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Article Publicado 02/03/2021 Última modificación 17/05/2021
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Photo: © Perry Wunderlich, REDISCOVER Nature/EEA
Una idea sencilla, pero poderosa es el eje vertebrador de la legislación medioambiental de la UE: «quien contamina paga». Este principio se ha aplicado en forma de impuestos, multas y otras medidas, como las cuotas por las emisiones de contaminantes y la Directiva sobre responsabilidad medioambiental. Hablamos con el profesor Geert Van Calster sobre este principio, sus beneficios y sus inconvenientes.

¿En qué consiste el principio de «quien contamina paga»?

El principio de «quien contamina paga» es un principio sencillo que se basa en el sentido común: el que contamina —los responsables de la contaminación o la actividad que causa la contaminación— debe pagar para reparar el mal causado. Esto podría suponer limpiar el área contaminada o cubrir los gastos sanitarios de las personas afectadas.

Históricamente, ha sido un concepto muy poderoso para mitigar el impacto negativo de la contaminación, ya que proporcionaba un imperativo moral y jurídico para emprender acciones. En los casos apremiantes, ayudaba a formular políticas y medidas que permitieran adoptar medidas decisivas para identificar las fuentes de contaminación y su responsabilidad, reducir los niveles de contaminación y ofrecer alguna compensación a los afectados. Por ejemplo, en algunas actividades económicas que se sabe que liberan contaminantes, se tuvieron que instalar filtros para reducir las emisiones de contaminantes o establecer fondos de compensación para todo el sector.

Sin embargo, incluso en los casos sencillos en los que se puede identificar el contaminante, la puesta en práctica puede ser difícil. Tal vez el «culpable» no sea capaz de pagar y la empresa matriz o los accionistas no siempre puedan considerarse responsables de las actividades de una filial. No todos los países tienen un marco jurídico bien establecido para abordar estos casos e incluso aunque lo tengan, un proceso jurídico suele ser muy largo y costoso.

Además, con el tiempo, el principio se ha aplicado a casos más complejos de contaminación persistente y prevalente, como la contaminación atmosférica procedente de fuentes difusas, en los que resulta aún más difícil atribuir la responsabilidad y la puesta en práctica.

¿Cómo podemos determinar quién tiene que pagar a quién?

En los casos de contaminación difusa, no es fácil hacer un seguimiento e identificar al que contamina y relacionarlo con las personas afectadas. La contaminación del aire puede deberse a contaminantes liberados de distintas fuentes y de diferentes lugares, algunos de los cuales pueden estar en fronteras internacionales. También debemos reflexionar sobre los resultados positivos y los beneficios de estas actividades contaminantes. Se trata de productos y servicios, como alimentos, ropa y transporte, que nos benefician individualmente y a la sociedad en su conjunto.

Por ejemplo, las actividades contaminantes fuera de la UE podrían estar afectando a las comunidades locales, pero la empresa matriz podría tener su sede en la UE y los consumidores europeos podrían estar disfrutando de los productos. Resulta difícil responsabilizar únicamente al operador en estos casos. La sociedad en general corre a menudo con los costes, pero los costes o el daño y los beneficios no se distribuyen por igual. Las comunidades de ingresos más bajos o los grupos más vulnerables, como las familias monoparentales, suelen vivir cerca de carreteras y están más expuestas a la contaminación del tráfico rodado.

¿Hay algún buen ejemplo de medidas eficaces?

Existen dos tipos distintos de estrategias. El primero tiene como objetivo ayudar a los afectados y hay muchos buenos ejemplos en Europa. Los paneles reductores del ruido o estructuras similares construidos a lo largo de las autovías pueden reducir los niveles de ruido de manera significativa y, por tanto, el daño a quienes viven allí.

El segundo tipo tiene como objetivo limitar o prevenir la contaminación o las actividades nocivas en primer lugar, mediante, por ejemplo, la imposición de impuestos, cuotas de contaminación o ciertas soluciones tecnológicas. También Europa está introduciendo combustibles más limpios y reduciendo progresivamente las emisiones de carbono de los vehículos nuevos. En algunos sectores, los derechos de emisión tienen unos límites y pueden negociarse. Algunas de estas medidas buscan ajustar el precio de tal manera que influya en las conductas de consumo. Del mismo modo, en muchos Estados miembros ahora el agua se cobra por la cantidad extraída o utilizada, en vez de por el número de grifos, y esto ha modificado considerablemente nuestro uso del agua.

¿Hay algún inconveniente en la forma en que aplicamos el principio de «quien contamina paga»?

Lamentablemente, el sistema actual puede verse y usarse como una «licencia para contaminar»: mientras puedas pagar (es decir, si te lo puedes permitir), tienes derecho a contaminar. Esto está estrechamente relacionado con la distribución desigual de los beneficios y costes de estas actividades contaminantes. El problema de la desigualdad también ocupa un lugar central en las negociaciones mundiales sobre el clima, tanto en términos de emisiones históricas (la cantidad que cada país ha emitido hasta la fecha) como de emisiones actuales por persona. En un mundo ideal, todo el mundo recibiría la misma cantidad de crédito de carbono.

El segundo inconveniente es que el «pago» apenas cubre todos los «gastos». La tierra contaminada en antiguas zonas industriales podría limpiarse para que las personas pudieran vivir allí. Es una operación muy cara, pero no necesariamente deshace el daño causado a las masas de agua o a las personas y animales que dependen de ese agua. Los costes suelen limitarse a los gastos operativos y no reflejan el valor real de los beneficios que obtenemos de la naturaleza.

¿Podemos diseñar un sistema que cubra el valor completo?

Necesitamos un enfoque coherente y global que aborde todos los retos a los que nos enfrentamos (degradación del medio ambiente, cambio climático, uso de los recursos y desigualdades), del mismo modo que lo hacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo llevar algunas de estas ideas a las políticas europeas.

Para cubrir el valor real, necesitaríamos un sistema tributario mucho más ambicioso, tanto en términos de impuestos de sociedades como de impuestos sobre la renta de las personas físicas, diseñado para inducir un comportamiento más sostenible. Además, los gastos deben integrarse no solo de forma descendente hacia el lado del consumo, sino también de forma ascendente hacia el lado de la producción. Como los sistemas de consumo y de producción están conectados a escala mundial, la integración requiere una estrategia que vaya más allá de las normas y los reglamentos de los estados soberanos y que, para que sea eficaz, esté respaldada por un sistema de gobernanza con mecanismos de regulación que puedan garantizar y aplicar la igualdad de condiciones con reglas bien definidas. En la práctica, además de ambiciosos impuestos y normas comunes, se necesitarán medidas como los derechos antidumping y los impuestos fronterizos sobre las emisiones de carbono, así como una estrategia común frente a las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. 

 

Professor Geert Van Calster
Jefe del Departamento de Derecho Europeo e Internacional de la Facultad de Derecho de Lovaina
Universidad de Lovaina

 

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