El cambio climático y la inversión

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Article Publicado 08/10/2015 Última modificación 31/08/2016 14:57
Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático suelen considerarse caras y una carga adicional para la economía. Pero los países europeos destinan ya fondos públicos y privados a investigación, infraestructuras, agricultura, energía, transporte, urbanización, protección social, sanidad y conservación de la naturaleza. Podemos asegurarnos de que el gasto efectuado en estos ámbitos favorezca opciones sostenibles y respetuosas con el clima que ayuden a crear nuevos puestos de trabajo.

 Image © Ana Skobe, Environment & Me/EEA

El cambio climático nos afectará de diversas formas, ya sea incrementando la contaminación atmosférica, la acidificación de los océanos o las inundaciones de casas y campos. Algunos costes, como las pérdidas económicas generadas por los daños materiales causados por las inundaciones, son relativamente fáciles de cuantificar en términos monetarios. Pero otros pueden ser más difíciles de determinar. ¿Podemos poner un precio exacto a posibles enfermedades o reducciones futuras de la productividad agraria como consecuencia del cambio climático?

A pesar de estas dificultades y de las incertidumbres que genera el cambio climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) calcula que la pérdida económica que acarrearía un calentamiento global de tan solo 2 °C sería de entre un 0,2 % y un 2 % del producto interior bruto (PIB) mundial, aunque se adoptasen enérgicas medidas de adaptación. Si el calentamiento supera este umbral, los costes serían todavía mayores.

Aunque quizá no conozcamos la cantidad exacta, los costes ocasionados por el cambio climático son reales y ya los estamos pagando en muchos sentidos, como por ejemplo en forma de daños materiales, gastos médicos o reducción de las cosechas.

A fin de prevenir o minimizar algunos de los costes futuros para nuestra sociedad, nuestra economía y el medio ambiente, tenemos que actuar. De este modo, se plantean las siguientes preguntas: ¿cuánto tenemos que invertir y en qué aspectos?

Invertir en infraestructuras

Cada vez consumimos más recursos en todo el mundo. Necesitamos más alimento, más tierra y más agua para sostener a una creciente población mundial y necesitamos más energía para calentar nuestros hogares y propulsar nuestros vehículos. Estos crecientes niveles de consumo se están satisfaciendo con pautas de producción insostenibles, que agotan los recursos no renovables. También se emiten más contaminantes a la atmósfera, a las masas de agua y al suelo.

La lucha contra el cambio climático debe verse en el contexto de la transición general a una «economía verde»: una forma de vida sostenible que nos permita vivir bien, manteniendo la explotación de los recursos dentro de los límites sostenibles de nuestro planeta.

El Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión Europea señala a la «inversión» como uno de los pilares básicos para hacer posible esta transición.

La inversión es crítica en la lucha contra el cambio climático porque las decisiones de inversión que tomemos hoy tendrán implicaciones a largo plazo —positivas y negativas— para satisfacer las necesidades sociales básicas en el futuro. Una de las mejores formas de utilizar la inversión para luchar contra el cambio climático es destinarla a infraestructuras. Nuestras sociedades construyen infraestructuras para satisfacer necesidades sociales básicas como el agua, la energía y la movilidad. Estas infraestructuras suelen ser muy costosas y se utilizan durante décadas. Por tanto son cruciales para modelar nuestra forma de vida. Algunas decisiones de inversión pueden crear verdaderas oportunidades para cambiar el modo en que satisfacemos estas necesidades, mientras otras pueden hacernos seguir con prácticas insostenibles durante décadas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el mundo gasta anualmente unos 4,8 billones de euros (5,3 billones de dólares) en subvenciones a la energía, sobre todo a los combustibles fósiles. La definición de «subvenciones» que utiliza el FMI en el contexto de su último informe comprende los costes no reembolsados de todos los daños ambientales causados por los combustibles fósiles. En ese mismo informe, el FMI calcula que las subvenciones directas (es decir, políticas gubernamentales que garantizan la producción o el consumo de petróleo, gas y carbón) ascienden a unos 460 000 millones de euros en todo el mundo (500 000 millones de dólares). Estas subvenciones podrían tener resultados no deseados, si las decisiones de inversión a largo plazo que afectan a nuestras infraestructuras energéticas continúan favoreciendo a los combustibles fósiles.

¿Descarbonizar los sistemas de energía y transporte?

El uso de combustibles fósiles es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los combustibles fósiles son además uno de componentes esenciales del sistema energético global para satisfacer las necesidades de energía de nuestras viviendas, oficinas, fábricas y vehículos.

Sustituir por completo los combustibles fósiles por alternativas renovables sostenibles no es fácil. Hacen falta cambios en todo el sistema energético, desde la producción y el almacenamiento hasta la distribución y el consumo final. Por ejemplo, la electricidad generada por paneles solares debe estar disponible para utilizarse posteriormente en otra localidad y quizás en otro país. Para lograrlo, es indispensable disponer de redes inteligentes y bien conectadas. También serán necesarios cambios radicales en otros sistemas, como el transporte. Para ello habrá que sustituir la flota actual por vehículos eléctricos y crear nuevas redes de transporte público capaces de atender la demanda de movilidad ofreciendo alternativas al uso del vehículo particular. En conjunto, la inversión necesaria para lograr estos cambios podría ser inmensa.

Según estimaciones de la Comisión Europea, para que los sistemas de energía y transporte de la Unión Europea (UE) sean «bajos en carbono» serán necesarias inversiones públicas y privadas adicionales por valor de 270 000 millones de euros anuales durante los próximos cuarenta años. Esta cantidad adicional corresponde al 1,5 % del PIB de la UE, similar a la estimación de pérdidas económicas por cambio climático del IPCC de entre el 0,2 % y el 2 % del PIB mundial hasta 2050. Por tanto, ¿actuarán los inversores ahora para minimizar futuros impactos?

Reorientación del gasto actual

Gobiernos, empresas y ciudadanos ya gastan dinero en construir redes de transporte, producción de electricidad, vivienda y bienes y servicios de consumo en la UE. Aunque varía según los Estados miembros, el gasto gubernamental se aproxima en la UE al 50 % del PIB. Parte de este gasto son inversiones (técnicamente «formación bruta de capital») en grandes proyectos de infraestructuras, investigación, servicios sanitarios, etc. Lo mismo es aplicable al gasto doméstico o empresarial.

Entonces, ¿qué clase de sistema energético y de movilidad vamos a construir para el futuro? ¿Vamos a inmovilizar nuestro dinero en soluciones insostenibles o vamos a crear un espacio en el que puedan desarrollarse alternativas sostenibles para cambiar la forma de satisfacer nuestras necesidades? La financiación pública puede ser fundamental en este sentido, creando incentivos y enviando señales «verdes» al mercado. Por ejemplo, la decisión de retirar la financiación pública a los combustibles fósiles para destinarla a las fuentes de energía renovables enviaría una señal clara, no solo a los productores de energía, sino también a investigadores y usuarios.

En consonancia con la estrategia Europa 2020, la UE destina casi un billón de euros a promover el crecimiento sostenible, el empleo y la competitividad en su presupuesto plurianual de 2014-2020. Al menos el 20 % de este presupuesto se destinará a transformar Europa en una economía baja en carbono y resistente al clima. Para alcanzar esta meta, se han incorporado los objetivos climáticos a políticas y programas relevantes de la UE como los fondos estructurales, la investigación, la política marítima, la pesca y el programa LIFE de conservación de la naturaleza y acción climática.

Estos fondos se complementan con el gasto público a nivel nacional, regional y local en los Estados miembros de la UE y con inversiones del sector privado (por ejemplo, empresas, planes de pensiones, particulares). También existen canales de financiación globales, como el Fondo Verde para el Clima creado al amparo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), con el fin de ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático y adoptar medidas de mitigación.

La oportunidad que se nos presenta

Sabemos que tenemos que invertir para satisfacer el crecimiento de la demanda en algunos ámbitos. De acuerdo con el informe «La nueva economía del clima», se estima que el consumo de energía global crecerá entre un 20 % y un 35 % en los próximos quince años. Para satisfacer esta demanda, habrá que destinar más de 41 billones de euros a ciertas categorías esenciales de infraestructuras energéticas entre 2015 y 2030. Dado que la producción y el consumo de energía ya representan las dos terceras partes de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el tipo de fuentes de energía en las que invirtamos hoy determinará en gran medida si logramos limitar el calentamiento global a 2 °C o no.

Algunos sectores y comunidades se verán sin duda afectados por este cambio y reorientación de fondos hacia alternativas sostenibles. Los gobiernos tendrán que aplicar políticas sociales para ayudar a los afectados por esta transición. Del mismo modo, los gobiernos y las autoridades públicas tendrán que adaptarse a realidades en constante evolución. Por ejemplo, una desinversión total de los combustibles fósiles implicaría también una reducción de los ingresos en concepto de impuestos y royalties generados por estos sectores. También supondría efectuar recortes en los sectores afectados y probablemente pérdida de puestos de trabajo.

En ciertos sentidos, el cambio ya está en marcha. Pese a la crisis económica que afecta a la economía europea desde 2008, las ecoindustrias de la Unión Europea (por ejemplo, energías renovables, tratamiento de aguas residuales y reciclado) siguen creciendo. Entre 2000 y 2012, el valor añadido de las ecoindustrias creció más del 50 % y se crearon 1,4 millones puestos de trabajo hasta alcanzar la cifra de 4,3 millones de personas empleadas en este sector, mientras en el resto de la economía prácticamente no hubo crecimiento y se estancó el empleo. Este auge del empleo en las ecoindustrias podría considerarse también parte de una población activa competitiva y en evolución, con menos personas trabajando en sectores insostenibles (por ejemplo, la extracción de carbón).

A medida que va mejorando el grado de información, algunas comunidades y empresas optan deliberadamente por desinvertir o no participar en soluciones insostenibles y apoyar nichos de innovación. Invertir en innovación e investigación ambiental no solo ayudaría a la UE a adoptar tecnologías más limpias y construir un futuro sostenible, sino que además impulsaría la economía y la competitividad de la UE. Europa puede recoger los frutos de su liderazgo global en las ecoindustrias exportando sus tecnologías y conocimientos para ayudar a satisfacer el crecimiento previsto de la demanda global de energía, movilidad y vivienda.

Es cierto que la transición a una economía verde costará tiempo. Pero cuanto antes actuemos, menores serán los costes y mayores los beneficios.

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